Cosas veredes
Derecho de vivir en paz
Por más que la propaganda oficial desde hace décadas ha insinuado que Aguascalientes puede compararse a una isla en medio del país, en materia socioeconómica, política y de seguridad pública, lo cierto es que no lo es. Es una entidad con características diferentes que se expresan de manera específica, pero no distantes de la realidad regional y nacional. Históricamente, los grupos sociales y factores económicos locales necesitaron de un espacio geográfico y político para consolidarse, y para ello desarrollaron capacidades para conseguirlo entre los grandes estados que rodean a Aguascalientes. La frontera formal entre los estados puede ser una línea imaginaria, una mojonera, un río o un arroyo, pero la frontera real, salvo raras ocasiones, la configuran los grupos que dirigen la economía y la política, y en su desempeño es donde se pueden encontrar las diferencias, aunque sobre ellas siempre gravite nuestra realidad nacional. La economía y la política nos lo indican diariamente y, en mayor medida, la crisis de seguridad pública.
Todavía hace 20 años, las autoridades aseguraban que en Aguascalientes no tenía presencia el crimen organizado de los carteles del narcotráfico, que solo operaban algunos pequeños distribuidores, -el narcomenudeo-. Se evadía el hecho de que detrás de un “menudista” siempre estaban los mayoristas, y que la delincuencia organizada no llegaba solo con mercancía, sino también con mecanismos de cooptación, corrupción y penetración a las corporaciones de seguridad. Tuvo que pasar aquel “jueves negro” para que las autoridades reconocieran que en la ciudad operaban varias organizaciones criminales.
En las últimas décadas los aparatos de seguridad pública local se reforzaron, como en todo el país: adquisición de equipo para fuerza de contención y respuesta, incorporación de mandos militares a la seguridad pública y algunos breves y atinados esfuerzos de prevención social del delito, si bien nunca se ha resuelto el déficit de elementos policiacos. Pero el hecho de que el estado de Aguascalientes se mantuviera entre las cinco entidades con menor incidencia delictiva ha resultado satisfactorio para los gobiernos en turno, aunque en los últimos años, los estudios del INEGI muestren un incremento en la incidencia delictiva y un deterioro en la percepción ciudadana de inseguridad.
Nadie puede ignorar que la operación de la delincuencia organizada cada día es más notoria y violenta. No pasa una semana sin homicidios con rasgos de ejecución, secuestros de los llamados “levantones”, colocación de avisos de presuntos grupos criminales, las “narcomantas”, y ahora ya es cosa de todos los días que se reciban llamadas o mensajes telefónicos de extorsión de parte de supuestos grupos criminales.
Otra fuente de incidencia delictiva y percepción de inseguridad es la llamada delincuencia común, que quizá opera con menos notoriedad y violencia que los cárteles, pero causa un daño social terrible afectando seriamente el patrimonio de las familias. El robo de casa-habitación, autopartes, bombas de agua, cilindros de gas, celulares, y hasta zapatos tenis, son pan de cada día en muchas zonas de la ciudad y poblaciones urbanas del estado. Y desde hace años en las zonas rurales, el abigeato casi se ha normalizado.
Resulta obvio que las campañas mediáticas no funcionan para exorcizar la incidencia delictiva y que las estrategias utilizadas están llegando a su límite. Tal vez el mejor ejemplo está en la situación del Centro Comercial Agropecuario, pues la extorsión es una actividad criminal que penetra como la humedad, sigilosa, paulatina, constante y difícil de combatir. Ante la acción criminal organizada de poco o nada sirven la prohibición de los narcocorridos o narcomantas, pues son apenas expresiones coloridas del fenómeno. Los núcleos esenciales del crimen organizado no se detienen con medidas superficiales. Ni siquiera las cámaras de videovigilancia, cada vez más necesarias, pueden hacer mucho ante los operadores del “cobro de piso”, pues se apoyan en el sigilo de llamadas y mensajes, el temor de los afectados y la ineficiencia de las corporaciones de seguridad pública para detenerlos.
En los últimos meses, recibir llamadas o mensajes de extorsión y amenazas, o enterarse de ellos por comentarios e información de amigos y conocidos, ha dejado de ser raro. Las primeras veces son más impactantes, especialmente porque en ocasiones, los extorsionadores tienen en mayor o menor medida, información personal de los amenazados, supuestamente en “resguardo muy seguro” a cargo de “sujetos obligados” gubernamentales o particulares: nombre, domicilio, familia, negocio, etc. En muchos casos la víctima hace la denuncia correspondiente, en otros más se opta solo por esperar que “no sea nada serio”, y en algunos más, el amenazado, presa del miedo, hace el pago total o parcial exigido.
Y así, entre la delincuencia común que afecta el patrimonio de pobres y ricos, el crimen organizado que incrementa la violencia, y el riesgo de que avance el llamado “cobro de piso” y la extorsión a las personas, paulatinamente la gente de Aguascalientes vemos que se debilita nuestro derecho de vivir en paz.
No somos una isla, pero si queremos que Aguascalientes tenga seguridad y paz, se requieren acciones y estrategias efectivas, mucho más que propaganda. Lo que más puede generar tranquilidad y confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia, es que haya resultados verdaderos. El problema no son las narcomantas ni los narcocorridos, sino quienes los generan y ordenan, quienes ordenan asesinatos, amenazan y extorsionan. Los bodegueros del agropecuario y todas las familias de Aguascalientes sabremos que aún podemos vivir en paz cuando sean desmanteladas las bandas criminales que actúan en la entidad y se ponga en marcha un sistema efectivo de prevención del delito.
@gilbertocarloso
