- Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, advierte sobre la apropiación política del discurso anticorrupción y llama a reconfigurar las herramientas de exigencia ciudadana.
- La inteligencia artificial, los modelos predictivos y las plataformas digitales representan oportunidades inéditas para reconstruir el acceso a la información.
Las universidades, asegura, deben dejar de pensar en la transparencia como un tema de especialistas y acercarla a las inquietudes reales de la comunidad.
Durante su participación en un espacio de diálogo con estudiantes universitarios, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, reflexionó sobre los retos, retrocesos y nuevas posibilidades de la agenda de transparencia y rendición de cuentas en México. Desde una mirada autocrítica y sin perder el tono esperanzador, hizo un llamado a repensar la manera en que la ciudadanía se vincula con la información pública, reconociendo el papel central de la tecnología, las nuevas generaciones y las instituciones educativas.
“Hace años nos dimos cuenta de que el mundo estaba cambiando y que la agenda de transparencia tenía que evolucionar”, expresó Bohórquez al inicio de su intervención. Sin embargo, añadió, no todos lo entendieron. “Algunos se quedaron atrapados en el marco legal, institucional, tradicional”. Frente a ello, Transparencia Mexicana ha apostado por enfoques innovadores que incorporan algoritmos y herramientas de inteligencia artificial para anticipar actos de corrupción, como ya sucede con el caso de SEGALMEX. Esta transformación, dijo, no siempre ha sido comprendida, pero es urgente para reducir desigualdades y fortalecer la democracia.
El director ejecutivo reconoció que la evolución de los mecanismos de acceso a la información no ha sido lineal. “Fue muy complicado cuando surgieron las leyes de transparencia. En su momento no se entendía. Se crean los institutos, se batalló mucho, pero luego desaparece todo”. Sin embargo, ante la pregunta sobre si aún hay esperanza en México en estos temas, su respuesta fue contundente: “Sí, porque hay una sociedad que entiende cosas nuevas y que quiere más de estas novedades. Ya no está impávida frente a los eventos del mundo”.
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Bohórquez reconoció que, ante el desgaste de algunas instituciones públicas, la sociedad civil ha asumido un papel más activo en la vigilancia, denuncia y análisis de lo público. “A lo mejor lo que va a ocurrir es que la sociedad va a reemplazar esas instituciones que creamos y que pensamos que iban a defender esta agenda. Y no sé, volveremos al origen: a los medios, a las organizaciones civiles y a los que siempre hemos hecho esto, con o sin INAI”.
En este punto, recordó una reflexión hecha hace años por un comisionado: “Celebro con vergüenza la creación de estos institutos”. Para Bohórquez, estos órganos fueron necesarios, pero no están exentos de los riesgos propios de la burocratización. “Hoy vemos un órgano constitucional autónomo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se ve como comparsa del gobierno”. La autonomía constitucional, insistió, no garantiza independencia ni cercanía con las personas.
Cuestionado sobre un posible retroceso institucional que nos remonte a los años ochenta, Bohórquez reconoció que sí hay riesgos, pero también oportunidades. “Estamos trabajando ya con modelos predictivos de corrupción. Ya le entregamos a autoridades informes sobre la corrupción que va a ocurrir el siguiente año”. Frente al panorama de incertidumbre, el especialista sostuvo que la clave está en cómo se decide enfrentar el contexto: con parálisis nostálgica o con innovación.
Con tono anecdótico, Bohórquez recordó su participación en la lucha por la transparencia desde antes del llamado Grupo Oaxaca, en los años noventa. “No vivíamos en el paraíso. No es que nos echaron del paraíso. Este siempre ha sido un reto del país, y los gobiernos de todos los colores siempre se han negado a entregar información. Les gusta más la filtración, el uso político, la propaganda”. La clase política, aseveró, no ha cambiado: “Los que tenemos que pedir rendición de cuentas de forma distinta somos los ciudadanos”.
La conversación giró entonces hacia la participación democrática y el aparente desinterés ciudadano frente a temas públicos. En referencia a la reciente elección del Poder Judicial, con una participación del 13%, Bohórquez fue enfático: “La elección estuvo mal diseñada, mal pensada. Fue una reforma al vapor. Las cosas como son”. Esa apatía, dijo, es la consecuencia de mecanismos defectuosos que desincentivan la participación. “Hicimos un desaire social, algo que no estaba entre nuestras prioridades. Nadie lo esperaba, nadie lo pidió”.
Como contraste, el director de Transparencia Mexicana mencionó el caso del Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco, donde participaron 785 mil personas bajo la lógica de “mandato social”. Las personas, dijo, sí quieren involucrarse. “Si los mecanismos son defectuosos, pues te alejas”.
Una de las reflexiones más provocadoras de su intervención fue la comparación entre el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y herramientas tecnológicas como Grok o ChatGPT. “El día que cerró el INAI, apareció Grok en Twitter, y nadie se acordó del INAI. Porque tú le preguntas a Grok y te responde”. Bohórquez reconoció que la comunidad de práctica, incluyéndose a sí mismo, no advirtió que el mundo había cambiado y que los lenguajes técnicos —como “datos abiertos”— ya no conectaban con la ciudadanía.
“La población quiere respuestas”, enfatizó. “Y por eso, cuando se mete a ChatGPT, dice: ‘Ah mira, esto es lo que yo quería del acceso a la información. Yo hago una pregunta y me responden’”. Para él, el reto está en traducir la técnica en utilidad, y no en seguir hablando entre especialistas.
Sobre la reticencia institucional a reconocer la corrupción, Bohórquez distinguió entre el fenómeno informativo y el uso político del discurso anticorrupción. “Lo que ocurrió es que la corrupción se convirtió en una moneda electoral. Te acuso durante la precampaña, pero después te perdono. Te investigo, pero después te perdono. Te aviento a la fiscalía, pero después comemos juntos”. Ese uso estratégico de la corrupción, explicó, ha convertido la agenda anticorrupción en una herramienta de poder y no en una respuesta al interés ciudadano.
“Nuestros intereses no están en esa agenda. Están los de los partidos, los de los funcionarios públicos, pero no los de las personas”, afirmó. A diferencia de la transparencia, que enfrenta problemas de exceso de información (infodemia), la anticorrupción, advirtió, está secuestrada por quienes controlan las instituciones de procuración de justicia y las usan con fines político-electorales. “Ese sí es un reto mucho más grande”.
En ese contexto, y frente al avance de tecnologías de procesamiento de datos, Bohórquez hizo una afirmación tajante: “Si la clase política quiere existir en el futuro, va a tener que compartir información que pueda procesar la inteligencia artificial. Si no, va a desaparecer. Imagínate un político que lo buscas en Grok y no aparece. Desapareció. Y eso va a pasar muy rápido”.
Consultado sobre el papel que pueden tener las universidades en este proceso de renovación ciudadana, Bohórquez reconoció que las juventudes ya saben mucho de estos temas. “Saben utilizar perfectamente las tecnologías de información y comunicación. Basta ver a quienes están aquí controlando la cámara y el micrófono”. En ese sentido, planteó una doble tarea para las universidades: por un lado, abordar temas poco explorados, como el entrenamiento de inteligencia artificial con modelos de información pública; y por otro, conectar con las preocupaciones reales de las personas.
“No les hemos facilitado la infraestructura de información ni los modelos para que puedan aprovechar eso”, lamentó. Como ejemplo, compartió una experiencia reciente donde se puso a votación ciudadana el programa anual de auditoría de un municipio. Los políticos estaban preocupados por una inversión polémica —un carrusel en la plaza principal—, pero en la consulta ciudadana, ese proyecto quedó en último lugar. En cambio, las personas se mostraron más interesadas en la concesión de baños públicos en mercados, una operación de dos mil millones de pesos sin registro alguno.
En ese mismo ejercicio, los ciudadanos preguntaron cómo se audita el dinero que se dona al Teletón, evidenciando un interés profundo por el uso transparente de los recursos públicos. “Se está haciendo caravana con sombrero ajeno”, dijo Bohórquez al ilustrar la crítica ciudadana.
Antes de concluir, enfatizó la necesidad de democratizar la conversación sobre la transparencia. “Lo peor que podemos hacer es dejarlo en manos de transparentólogos como yo. Ese es el error más grande de toda la disciplina académica: creer que hay un gremio que controla la agenda”. Para él, la clave está en abrir el tema a lo que las personas quieren saber: cuánto cuesta un edificio, quién lo diseñó, por qué se construyó.
“No es tan complicado si empiezas por escuchar”, sentenció Eduardo Bohórquez. “Si lo que haces es querer decirle a la gente qué hacer, ahí sí estamos fritos”. Un gesto sencillo, pero representativo del enfoque que defendió durante toda la charla: escuchar, conectar, transformar.
