La promesa de una transformación en la atención médica pública se está desmoronando bajo pancartas, mantas improvisadas y gritos de “no somos delincuentes” en calles como Reforma o Insurgentes Sur. El programa IMSS-Bienestar, bandera de la centralización del sistema de salud, enfrenta su diagnóstico más alarmante: el hartazgo de su propio personal.
Durante los primeros días de julio, decenas de trabajadores de salud afiliados al sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) paralizaron arterias clave de la Ciudad de México y realizaron acciones similares en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Baja California Sur e Hidalgo. La causa: la falta crónica de insumos, la precarización laboral y el incumplimiento sistemático de compromisos firmados con la Federación.
La protesta tomó varias formas: desde el bloqueo de Paseo de la Reforma, Insurgentes Sur y Periférico en la capital, hasta huelgas de hambre frente a las oficinas del OPD IMSS-Bienestar, donde tres trabajadores —María Chávez, Belém Benítez y Alberto Rosales— pasaron más de 30 horas sin alimento exigiendo un diálogo nacional con altos funcionarios del organismo. Entre sus demandas: dotación urgente de medicamentos, basificación de personal transferido desde sistemas estatales, pago de horas festivas, activación de Fonacot, adscripciones claras y el fin del uso de contratos temporales como mecanismo de incertidumbre.
Pero el verdadero foco del conflicto va más allá de las prestaciones. Como denunció Belem Benítez, anestesióloga y vocera sindical, el programa ha caído en prácticas de favoritismo laboral, violencia sindical y simulación administrativa. En el Estado de México, Fintras señala una cultura de represión patriarcal al interior de los sindicatos mayoritarios, donde las mujeres —mayoría en el personal de salud— son sistemáticamente excluidas de la negociación colectiva.
La respuesta institucional ha sido contradictoria. Por un lado, el IMSS-Bienestar insiste en que “no existen solicitudes por falta de pago ni vulneración de derechos laborales”, y desestima la representatividad del movimiento señalando que Fintras apenas agrupa al 0.1% de su plantilla. Por otro lado, medios como El Universal y Pie de Página reportan que los trabajadores han sido ignorados por las autoridades, encapsulados por la policía capitalina, golpeados y arrastrados fuera de sus campamentos.
Los bloqueos masivos —desde el Auditorio Nacional hasta la colonia Florida— provocaron caos vial durante horas y terminaron con intervenciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aunque oficialmente no se reportaron heridos, videos en redes sociales muestran a policías desmontando campamentos, mientras los manifestantes cantaban el himno nacional o se sentaban en el suelo para evitar confrontaciones.
En paralelo, en Veracruz, trabajadores relataron a medios locales que desde su incorporación al nuevo esquema en marzo de 2023 —tras laborar más de una década en el sistema estatal—, han perdido beneficios, carecen de certeza jurídica sobre su adscripción y enfrentan hostigamiento por parte de directivos que obstaculizan reemplazos y permisos laborales. Incluso con suplencias federales ya autorizadas, muchos hospitales aún no logran cubrir ausencias ni dotarse del equipo necesario.
La disonancia entre los comunicados oficiales y los testimonios de base se agudiza. Mientras el IMSS-Bienestar insiste en una narrativa de “diálogo abierto”, los manifestantes denuncian que no han sido convocados a ninguna mesa de conciliación. La falta de respuesta concreta alimenta la sensación de simulación y desinterés institucional. La frase más repetida entre los huelguistas no es una consigna, sino una advertencia: “Si no hay diálogo, habrá paro nacional”.
La protesta no solo expone la fragilidad del nuevo modelo de atención, sino la contradicción entre el discurso de fortalecimiento del sistema público y la precarización estructural de quienes lo sostienen. El caso de IMSS-Bienestar no es una crisis aislada, sino síntoma de una política de salud que, en su intento por centralizar, ha dejado al margen a quienes deberían estar en el centro: los trabajadores.
Lo que hoy arde en las calles no es solo la rabia por un pago incumplido o la escasez de material médico. Es la sensación de haber sido incorporados a un sistema que, lejos de garantizar derechos, reproduce viejas dinámicas de abuso, simulación y exclusión. Porque mientras se presume una cobertura universal, los médicos hacen guardias sin jeringas, las enfermeras cubren turnos sin certeza de contrato, y los sindicatos minoritarios son ignorados con la misma eficiencia con la que se encapsulan sus manifestaciones.
Si el gobierno federal busca que IMSS-Bienestar sea la columna vertebral del sistema de salud, deberá comenzar por revisar sus propias vértebras laborales. Porque sin insumos, sin respeto y sin diálogo, ni el mejor modelo de atención puede caminar.
